Quizá quede como un antecedente preciso en la lucha contra el trabajo esclavo. Tal vez pase a ser regla para solucionar la situación laboral y personal de los explotados de esa forma. Lo cierto es que, en un fallo por lo menos sorprendente, el juez federal Sergio Torres dictó sendos embargos de un millón de pesos no sólo contra el tallerista Eloy Chuca Aduviri sino también contra el fabricante Ki Sum Kim. Incluso fue más allá: dispuso la confiscación de las maquinarias para que los querellantes determinen cómo y a quién deberían quedarles.
La propuesta será que las maquinarias queden en poder de los trabajadores bajo responsabilidad del INTI. Los obreros confeccionarían en el predio conocido como La Alamedita, una especie de sede provisoria de la Cooperativa La Alameda alquilada a la Corporación del Sur. Mientras tanto, La Alameda volverá a la ya clásica y ahora remodelada esquina de Directorio y Lacarra.
Dialogamos con el abogado Rodolfo Yanzón, representante de la querella, que nos detalló el proceso y también planteó los desafíos.
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