El sábado 6 de este mes allanaron y clausuraron 29 "casas de tolerancia" de Rio Gallegos en el marco de una investigación del juzgado federal por trata de personas, pero las mujeres prostituídas en Las Casitas no van a poder decir la verdad a la Justicia.
Todo comenzó con la denuncia de la Alameda del pasado 29 de abril ante la Procuración General de la Nación.
Según el comunicado emitido en el día de ayer por esta organización, antes del operativo los responsables de la trata tuvieron tiempo de trasladar a más de cien mujeres, hacer desaparecer toda evidencia de menores y estupefacientes y entregarles sus documentos -que muchas veces eran retenidos- a las víctimas.
La Alameda denuncia que el Estado no garantiza ni alojamiento transitorio, ni contención psicológica y, mucho menos, perspectivas de reinserción laboral y social a las víctimas: ante la ausencia de contención y asistencia, muchas sostendrán que se prostituían por "voluntad propia", porque están totalmente a merced de sus proxenetas y explotadores.
El comunicado también advierte que "los proxenetas están ejerciendo una intensa presión, no solamente con artilugios judiciales y protestas mediáticas, sino de un modo sigiloso y extorsivo hacia los funcionarios que alguna vez visitaron las casitas".
Según publicó hoy Opi Santa Cruz, las mujeres amenazan con trabajar en la calle si Las Casitas siguen cerradas.
Un grupo de ellas interpuso ante la Justicia un recurso de amparo para lograr la reapertura de los locales aduciendo que les están coartando el derecho a trabajar libremente y comprometiendo su situación de residencia. Acusan, tanto a la justicia como a las autoridades, de actuar discriminatoriamente con las mujeres de la noche.
A todo esto, y para completar el quilombo, el Ministro del Interior Anibal Fernández iría mañana a esa ciudad a dar una charla sobre trata de personas.
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