Declaración de Villa María

Las organizaciones de la sociedad civil y personas abajo firmantes, reunidas en el Primer Congreso Nacional del Interior contra la Trata y el Tráfico de Personas en Villa María manifiestan: 1) Que han constatado el fracaso de las políticas de Estado para enfrentar el problema de la trata de personas en Argentina, basándose en la comprobación de la ineficacia e inadecuación de la ley 26.364; la corrupción institucional generalizada que involucra tanto a altos jefes de las fuerzas de seguridad, como a funcionarios del poder político y judicial. 2) La desprotección fáctica de las víctimas de la trata de personas configura una violación a los tratados internacionales ratificados por nuestro país. 3) La existencia de un patrón de ataques sistemáticos a los defensores/as de derechos humanos que trabajan contra la trata de personas en Argentina, que va desde la indiferencia, el trato desconsiderado y grosero, hasta la agresión contra sus personas y patrimonios. Por tanto, EXIGIMOS la convocatoria inmediata a las Cámaras del Congreso Nacional para que sancionen una ley que incluya: la creación de un programa nacional contra la trata de personas fundado en: 1) una reforma de la legislación penal que abarque la ley 26.364 e incluya la reforma de los artículos 140, 145bis, 145 ter del Código Penal adecuándolos a la totalidad de las convenciones internacionales que tratan la cuestión de la esclavitud, la servidumbre, el trabajo forzoso y la trata de personas. 2) Que el delito de trata de personas sea considerado como delito de lesa humanidad con todos sus alcances. 3) La elaboración de un plan nacional de trabajo para la erradicación de todas las formas de trabajo forzoso de acuerdo a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo. 4) La creación de estructuras eficaces y coordinadas para el seguimiento y confiscación del producto del delito de la trata de personas destinado a la reparación del daño de las víctimas de acuerdo a la normativa internacional vigente en la materia. 5) La creación de un fondo genuino y específico para la asistencia y reparación de las víctimas de trata de personas, que esté contemplado en el presupuesto nacional. Requerimos al Congreso de la Nación que en virtud del artículo 100 de la Constitución nacional, exija explicaciones al Sr. Jefe de Gabinete de Ministros respecto de los hechos de corrupción policial de la División de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina denunciados el pasado 11 y 13 de mayo de 2010 actualmente radicados en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nro. 4, Expediente Nro. 6176/10. Sin perjuicio de lo anterior, exigimos que preventivamente se suspenda el funcionamiento de la División de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina, hasta que se esclarezcan los hechos y se encarguen en el interin dichas funciones a la gendarmería nacional. En conclusión, entendemos que el actual estado de cosas constituye una situación de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos que afectan a un gran colectivo de personas, que ameritan la intervención del sistema internacional de protección de derechos humanos.