A un año del asesinato de Mariano Ferreyra

Por Cecilia Litvin para La Retaguardia


El 20 de octubre de 2010, el militante del Partido Obrero fue asesinado mientras manifestaba por el pase a planta permanente de los trabajadores ferroviarios tercerizados. Horas después de que se comunicara que el juicio oral comenzará el 21 de febrero de 2012, charlamos con María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), que echó luz sobre los acontecimientos y las responsabilidades, e hizo un análisis político del hecho. Verdú asegura que la división de la causa entre los autores intelectuales y materiales por un lado, y los policías que actuaron ese día, por otro, es una manera de sostener el status quo ferroviario.

“Estamos llegando al año en el marco de un escenario plagado de juegos y disputas de poder – apunta María del Carmen Verdú –. Tenemos que tener en claro que en la causa de Mariano quedan expresadas como nunca las distintas facciones en pugna”.

Por un lado, Verdú menciona a todas las variantes y sectores involucrados de parte de la burguesía. Esto es, el aparato judicial “que cumple su función de intentar legitimar las instituciones, la gobernabilidad democrática, mostrar que se puede obtener juicio y castigo dentro de los márgenes que nos ofrece el sistema, y que ha generado una cantidad de causas vinculadas con este hecho”. La principal, la llamada causa madre, es la del asesinato de Mariano, en la que se investigan los hechos ocurridos el 20 de octubre de 2010 en Barracas cuando la patota de la Unión Ferroviaria confluyó en un armado donde cada uno tuvo un rol asignado para intentar frenar la organización independiente de los trabajadores tercerizados del Roca por fuera de la burocracia sindical. Esto fue, en palabras de Verdú, en el marco de un plan criminal, organizado con la intervención de lo que desde Correpi denominan “la triple alianza antiobrera”, es decir la patronal, la burocracia sindical y el gobierno: “a través de esos seudo representantes de los trabajadores que se oponen a las luchas para entregar los conflictos, para negociar, para conciliar, con la intervención del aparato estatal, por un ladon con la presencia policial y su intervención en los hechos; por el otro lado con los acuerdos de la propia Unión Ferroviaria y la empresa con la Secretaría de Transporte, con el Ministerio de Trabajo; y por el otro lado la tercera pata, obviamente la patronal, la empresa UGOFE. Una empresa que a su vez también tiene participación estatal en su administración y dirección”, explica la abogada.

Es esta causa hay actualmente diez presos, ocho son integrantes de la patota, los autores materiales del ataque, y además sus dos jefes, el Gallego Fernández y José Pedraza. “Pero de los demás ni hablar”, dice Verdú, y refiere que los directivos de la empresa fueron citados en el mejor de los casos como testigos: “cuando en una causa judicial vos citás a alguien como testigo estás reconociendo que es un tercero ajeno al hecho que tomó conocimiento de lo que sucedió, de alguna circunstancia de lo que se está investigando a través de sus sentidos, pero que no está involucrado, ni tiene algún grado de responsabilidad. Eso es lo que el aparato judicial nos está diciendo respecto de UGOFE cuando simplemente han sido convocados como testigos, a pesar de que desde el día uno nosotros hemos señalado su responsabilidad criminal, fueron quienes habilitaron la licencia de los integrantes del grupo de choque, fueron quienes en definitiva pusieron la plata no solamente para la organización del ataque en sí, en su logística, sino posteriormente a través del Belgrano Cargas, empresa también vinculada a los mismos personajes y co-dirigida por los empresarios, por el Estado y la burocracia sindical, para intentar comprar a los jueces de la Cámara de Casación y lograr la libertad de los que ya estaban presos, de los primeros siete detenidos”, explica.

En cuanto a la actuación del personal policial, desde Correpi reiteran que “no se limitaron a mirar para otro lado, ni a liberar la zona, o a estar distraídos y no darse cuenta que alguien necesitaba su ayuda”, como señalan la jueza y el fiscal al acusarlos por abandono de persona: “abandono de persona es el delito que comete el médico cuando hay una persona que tiene una descompostura en la calle y no lo auxilian, o el delito que comete un automovilista que choca a una persona y en lugar de pararle a darle auxilio sigue de largo”, aclara Verdú y agrega: “fueron parte integral de ese plan criminal con una tarea central, en primer lugar facilitar el ataque, abriéndose, dejando pasar a la patota, permitiendo que los integrantes del grupo de choque corrieran centenares de metros, arma en mano, y dispararan contra los compañeros, luego cubriéndoles la retirada y ahí sí interviniendo con todo su despliegue y todas su fuerza para frenar a los compañeros que una vez que se reorganizaron y recapacitaron de lo que estaba pasando y pudieron reaccionar inmediatamente corrieron a tratar de atrapar a quienes los habían atacado y disparado contra sus compañeros y los hubieran alcanzado y hubieran impedido que se fugaran del lugar y desaparecieran las armas, por ejemplo, si no hubiera el personal policial interpuesto una barrera que les impidió pasar a ellos”.

En el momento en que el 20 de octubre del año pasado la patota empezó a bajar el terraplén con la clara intención de atacar a los compañeros; momento en que terminaban de hacer una asamblea y se retiraban caminando hacia la avenida, dándole la espalda a la vía; el subcomisario Garay de la comisaría 30 estaba con los patrulleros interrumpiendo el tránsito de la calle Luján. Al ver venir de frente a la patota informa a la sala de situaciones del departamento de policía para que manden refuerzos: “le contestan `venga por…` y una sigla que significa `venga por celular que no queda grabado`. Obviamente la siguiente comunicación que es por celular no está grabada, pero en el mismo minuto que se produce esa comunicación se corren los patrulleros y dejan pasar a los grupos de choque. O sea que en esa llamada lo que le dijeron desde la sala de situación a Garay fue `pedazo de estúpido, correte que los tenemos que dejar pasar`. Eso no es abandono de persona, es participación necesaria en un plan criminal para asesinar”, asegura Verdú. De todos modos, la acusación por abandono de persona a los policías permitió a sus defensas decir que se estaba ante un delito menor que debía delegarse a la Justicia Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, aseverando que entonces la doctora Vilma López no era competente.

María del Carmen Verdu agrega además un dato muy importante respecto a la defensa de los policías y el rol del Ministerio de Seguridad de la Nación: “Quienes defendían a los policías en esta causa, hasta que nosotros lo hicimos público, era la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad. Un organismo que forma parte del Ministerio de Seguridad y que tiene como tarea prestar asistencia legal a los funcionarios policiales retirados o en actividad cuando son parte de una causa judicial con motivo de su actuación judicial. Es decir, el Ministerio no defiende a un policía porque le pegó a la mujer o tuvo un accidente de tránsito donde mató a alguien, sino solo en aquellos casos en que el propio ministerio analiza la cuestión y dice ´este se está comiendo un garrón por haber cumplido con su deber, vamos a defenderlo´. Para el Ministerio de Seguridad de la Nación, que es lo mismo que decir para el Poder Ejecutivo Nacional o sea Cristina Fernández de Kirchner y el conjunto del gobierno nacional, estos policías no cometieron ningún delito y merecían la defensa institucional del propio Ministerio de Seguridad”.

A partir de esta denuncia realizada por Correpi en la última audiencia en la Cámara de Casación, desde el Ministerio de Seguridad se ordenaron las renuncias de todos los defensores que formaban parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos: “por supuesto ahora están defendidos por grandes estudios jurídicos, ex jueces, ex fiscales, ex defensores oficiales, los mismos niveles de estudios de gran manejo de poder tanto económico como de contacto que defienden a la patota”, informa Verdú.

“El primer síntoma de que había una clara toma de posición del gobierno nacional para defender a su aparato represivo y ponerlo a salvo, como siempre hacen, fue la división de la causa – señala Verdú –. En los primeros meses del expediente se separó la investigación de la actividad policial de la investigación de la patota, y cuando vos separás las cosas es porque son distintas, pero la propia jueza en varias resoluciones, una de la semana pasada en respuesta a un planteo dilatorio reconoció que se trata de conductas ocurridas en el mismo lugar, en el mismo momento y que forman parte de un mismo hecho. Esa es la primera señal de cómo inmediatamente que ocurre un hecho como este, cuando no se lo puede esconder bajo la alfombra con el titular `se mataron entre ellos`, al estilo de lo que intentaron hace con lo del Puente Pueyrredón, el plan B es que parezca un accidente, que fueron unos barrabravas loquitos y unos chiflados sueltos de la Unión Ferroviaria y nosotros como Estado, como gobierno, como aparato de poder institucional no tenemos nada que ver”.

Respecto al Poder Ejecutivo y su relación con los máximos referentes de la Unión Ferroviaria, Verdú considera: “inicialmente el aparato de poder intenta defender a todos sus integrantes, la cosa se le complica cuando tiene a 60.000 personas en la calle como en la primera marcha al día siguiente de la muerte de Mariano, cuando tiene una repulsa generalizada de todo el campo popular, cuando se convierte en una cuestión de Estado el asesinato de un militante popular porque la reacción supera los límites que estaban dispuesto a tolerar, entonces necesariamente lo que tienen que hacer es buscar el fusible, y en este caso el mínimo fusible que existía era la patota, y la patota incluye a su jefe Pedraza, porque Pedraza más allá de que sea el representante de la Unión Ferroviaria, su principal referente, un burócrata empresarial atornillado al cargo desde hace no sé cuántas décadas y demás, es reemplazable. De hecho, hoy la Unión Ferroviaria sigue haciendo los mismos negocios que venía haciendo antes del 20 de octubre, no ha cambiado aunque tenga a Pedraza preso. Entonces lo que sucede cuando básicamente la lucha, la movilización, la organización en la calle, arrincona contra las cuerdas al poder entregan lo que pueden y tratan de poner a resguardo todo lo que más les interesa. (…) Lo que queda garantizado es la estructura de la Unión Ferroviaria, sus negocios con la Secretaría de Transporte, con el Ministerio de Trabajo, con la empresa, el sistema de explotación de los trabajadores y por sobre todas las cosas el propio aparato represivo estatal, la prioridad del gobierno en esta causa es garantizar su propio aparato de seguridad”.