La lucha contra la esclavitud sexual en Santa Cruz continúa en el terreno judicial. El cruce comenzó en junio pasado tras una investigación de La Alameda que terminó con la clausura de varios locales. Continuó con presentaciones de recursos de amparo y marchas por parte de los dueños de los lugares. En un escrito que se presentará mañana ante el Juzgado Federal de la Dra. Alvarez, la gente de la organización social denunciará la reubicación en otros sitios de Río Gallegos de diez prostíbulos que antes funcionaban en el barrio conocido como Las Casitas. La Alameda intenta desmentir, de esta manera, una idea que los funcionarios pretenden instalar en la sociedad: "con Las Casitas estábamos mejor". Los argumentos que utilizaron en esta campaña fueron variados: que hubo una ola de violaciones (¿?), que la prostitución se desparramó "de forma anárquica y cuentapropista" y que empeoró la situación sanitaria. El Secretario de Derechos Humanos de Río Gallegos, Humberto Quiñones, dijo que "el cierre de Las Casitas no ha solucionado nada y, con respecto a la salud, hoy no tenemos controles para aquellos que ejercen la prostitución, ya que no hay inspección que las obligue a hacerse análisis". Este tipo de argumentaciones suelen ser utilizadas para instalar la idea que es mejor una prostitución reglamentada, posición que contradice las leyes que obligan al cierre de los prostíbulos a nivel nacional y al castigo a los proxenetas. En la parte más dura del escrito, La Alameda afirma que "la existencia de prostíbulos es una política de Estado de la actual administración santacruceña".
foto: Opi Santa Cruz
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